DESAFÍOS DEL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN UCAYALI
Por: Mg. Drabesset Sarrín Maguiña*
El Nuevo
Código Procesal Penal (NCPP), vigente desde el 01 de octubre de 2012 en toda la
región Ucayali, es parte de una política pública del estado peruano, que excede
los límites del derecho procesal, e incide en la estructura de las
organizaciones de la Administración Pública, como el Poder Judicial, Ministerio
Público, Defensoría Pública, Policía Nacional, entre otros, pues su implementación, implica necesariamente
mejorar el presupuesto, organización, capacitación, incremento del personal,
etc; pero en esencia, es promover una nueva cultura jurídica, entre todos los
operadores, para que al emitirse una decisión, en audiencia, esta sea
transparente y exenta de los prejuicios de corrupción, injusticia, y todas las
taras del obsoleto Código de Procedimientos Penales, con la finalidad de
generar mayor credibilidad, de la sociedad, hacia sus instituciones de la
administración de justicia.
Los desafíos
que se presentan, son numerosos y complejos, pero es importante enfrentarlos y
asumir con responsabilidad de manera coordinada, pues para que el sistema de
justicia penal, funcione adecuadamente, no basta con que cada una de las
instituciones que la integran funcione bien, sino que en esta fase de
implementación, es necesaria la coordinación entre todas ellas, pues no basta,
que en una “orquesta musical”, sólo uno de los músicos haga la diferencia, sino
que es necesario, que todos en su conjunto, puedan tocar bien, y tener un
melodía de excelente calidad, en beneficio de los justiciables; pero para
visibilizar esta melodía, es necesario liberarse de los estereotipos de
superioridad, y prejuicios, que tanto daño hacen al sistema en su conjunto,
pues no les permiten ver la problemática de manera integral, sino mediatizada,
cuya pretendida solución sin coordinación, en nada logrará una armoniosa
implementación del sistema; por ello creo, que la coordinación, es una
necesidad y a su vez, una gran responsabilidad histórica, ante las generaciones
venideras, de quienes, hoy, representan a la administración de justicia en esta
región.
El NCPP,
adjudica, tres etapas al proceso común (Investigación Preparatoria, fase
intermedia y juicio oral); en la primera, la dirección de la investigación le
corresponde al fiscal, reservando la función policial, de cumplir con el
mandato del Ministerio Público en el ámbito de sus funciones; en esta etapa
tenemos al Juez de garantías, quien es el encargado de tutelar los derechos del
imputado durante la investigación y autorizar cualquier limitación de derechos
fundamentales, como la prisión preventiva, confirmatoria de incautación, entre
otros; en la segunda etapa, conocida como la fase intermedia, el director es el
juez de investigación preparatoria, en la cual se realizan las audiencias de
control de acusación y/o sobreseimiento; esta etapa es el filtro cuya función
es depurar errores y controlar los presupuestos de la imputación y acusación,
analizar las pruebas y luego establecer si es viable emitir el auto de
enjuiciamiento y pasar a juicio oral o si resulta el sobreseimiento el proceso;
en la tercera etapa, conocida como Juicio Oral, la dirección del juzgamiento,
se le reserva al Juez imparcial, quien decide la sentencia en juicio oral,
luego de someter el caso al contradictorio, en donde se actúan todos los medios
probatorios; se destaca en este proceso, la obligatoria participación de la
defensa técnica en todas las etapas del proceso, para garantizar el constitucional
derecho de defensa del imputado y todas las partes del proceso, debidamente
constituidas;
Como se ve,
en este nuevo modelo, confluyen, en las diferentes etapas, un conjunto de
institutos, como la terminación anticipada, el principio de oportunidad, el
acuerdo reparatorio, la prueba anticipada, tutela de derechos, archivo fiscal,
el requerimiento impugnatorio de elevación de actuados, la formalización de la
investigación preparatoria, el requerimiento fiscal de sobreseimiento y de
acusación, la acusación alternativa, la audiencia de control de sobreseimiento
y acusación, el auto de enjuiciamiento, el juicio oral, la incorporación de
nuevas pruebas en juicio oral, entre muchos otros; pero este nuevo modelo sitúa
a la oralidad, como la manifestación más importante del juzgamiento, pues el
debate contradictorio, garantiza los principios de inmediación, contradicción,
concentración, publicidad, imparcialidad y oralidad; siendo el Juez, quien no
participa en la investigación previa, y no está contaminado, el encargado de
resolver, sobre lo que percibe en el debate contradictorio.
Luego de
transcurrido diez meses, de la vigencia del nuevo modelo, todavía, se verifica
en la práctica judicial, que los operadores jurídicos no dominan esta nueva
cultura, por ejemplo en una audiencia de prolongación del plazo de detención,
algunos abogados, pretenden debatir la inocencia de su patrocinado; en la
resolución de confirmatoria de incautación de bienes en flagrancia delictiva,
algunos jueces exigen al fiscal, el acta en donde se ordena la
incautación; entre otras; pero ante ésta
gama de institutos, que exige el nuevo modelo, y que son desconocidas para los
operadores jurídicos, necesariamente, se plantea el desafió de una NUEVA
CULTURA JURÍDICA, que obliga al conocimiento de estrategias, y técnicas de
litigación oral, no conocidas por los jueces, fiscales y abogados defensores,
quienes han sido formados bajo el
derogado y obsoleto modelo inquisitivo, basado en la escrituralidad, y cuyo
proceso penal tenía etapas totalmente diferentes a las ya señaladas; por ello
surge la necesidad de capacitarse en esta nueva conducta acusatoria, partiendo
de un punto de quiebre y enmendar el rumbo; así el juez, deberá saber asumir su
rol de garante en la primera etapa, de ser el director de la fase intermedia y en el juicio
oral, deberá saber dirigir la audiencia propiciando la contradicción, y recabar
información para pronunciar su
sentencia; el fiscal, deberá asumir su rol de director de la investigación, de
dirigir y controlar la función policial, y al igual que la Defensa Técnica,
deberán de conocer su Teoría del Caso, que a decir del Dr. Jose Neyra Flores,
representa “el corazón del litigante y un 70% para ganar el caso”; pero en
suma, todos los operadores, sean “jueces, fiscales y defensores, para cambiar
la cultura inquisitiva deben de practicar, practicar y practicar” técnicas de
litigación oral, solo así lograremos eficientizar la aplicación del nuevo
modelo, en aras de una justicia más transparente en beneficio de todos los
justiciables de esta región.
* Fiscal
Adjunto Superior, encargado del despacho de la Tercera Fiscalía Superior, del
Distrito Fiscal de Ucayali.
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